Demanda de separación solicitados de mutuo acuerdo (o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro)
España puede solicitar la colaboración de otros países para llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento de una persona que se encuentra en un país sin extradición, así como aplicar medidas de presión diplomática o económica.
Así, pese a que España forma parte de la Unión Europea y de que existen las llamadas euroórdenes que facilitan el proceso de entrega de prófugos en el terreno comunitario, sus peculiaridades han saltado a la vista en las peticiones contra los antiguos miembros del Govern catalán que se exiliaron para evitar ser procesados por el referéndum de 2017 denegadas por Bélgica, Alemania, Escocia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado, es detenida en otro Estado y devuelta al primero para ser enjuiciada o para que cumpla una pena ya impuesta.
Otra razón puede ser la política del país receptor con respecto a la pena de muerte. España no extradita a personas a países donde hay riesgo de pena de muerte. Por lo tanto, España no tiene un acuerdo de extradición con países donde la pena de muerte es una forma común de castigo.
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Actualmente, España tiene convenios bilaterales de extradición con 36 países, aunque también puede solicitarla a sus socios de la Unión Europea a través de las llamadas euroórdenes, incluyendo a Reino Unido.
La falta de acuerdos bilaterales de extradición puede dificultar la lucha contra el crimen internacional en España. Sin embargo, España puede solicitar la extradición de un delincuente a través de otras vías, como la Interpol o el derecho internacional.
Sin embargo, algunos países no tienen tratados de extradición con España, lo que otorga a los fugitivos la posibilidad de encontrar refugio seguro en estos lugares sin temor a ser entregados a la justicia española.
Desde el año 1984, este país cuenta con un acuerdo de extradición vigente con España, pero no es el único en la región.
Este fenómeno no solo implica retos en términos de persecución internacional de delitos, sino que también abre un amplio abanico de cuestiones diplomáticas y legales. España posee una extensa pink de convenios de extradición con diversos países del mundo, sin embargo, hay naciones con las que no ha firmado tales acuerdos.
Ante la imposibilidad de recurrir a la extradición convencional, España y los países en cuestión pueden explorar alternativas legales y diplomáticas. Estas alternativas pueden variar desde acuerdos advert hoc hasta la utilización de organismos internacionales de cooperación policial, como Interpol.
Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social
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